Es un profesional capaz de desempeñarse de manera competente en funciones del ámbito legal, para asesorar y representar a personas naturales y jurídicas, ante los tribunales de justicia y demás organismos públicos y privados. Además tiene la capacidad de detectar y crear oportunidades para influir en su entorno en colaboración con otros miembros de la comunidad, fomentando prácticas e instituciones respetuosas de la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho, el pluralismo, la igualdad de género, la inclusión y la sustentabilidad. 

Integra una amplia gama de perspectivas disciplinarias e interdisciplinarias que le posibilita reflexionar críticamente y emitir juicios razonados sobre la disciplina, la profesión y su lugar en la sociedad, con la finalidad de actuar profesionalmente en diversos roles y escenarios.

Posee la capacidad de analizar las dimensiones fácticas y normativas de los problemas jurídicos. Identifica fuentes relevantes, interpreta las normas, formula argumentos convincentes, propone y evalúa soluciones para resolverlos.

Está capacitado para asumir la defensa y asesoría de personas naturales, jurídicas y de organizaciones sociales, comprometido con el desarrollo local, regional y nacional, y orientado al bien común, centrando su quehacer en la justicia como valor rector de la disciplina jurídica. Posee competencias de investigación que fundamentan su desempeño disciplinar profesional.